Abusos sexuales, golpizas diarias, comida podrida: el gobierno de Nicolás Maduro denunció el lunes «torturas» a los migrantes venezolanos enviados por Estados Unidos a la megacárcel para pandilleros de El Salvador.
Estos 252 venezolanos fueron repatriados el viernes como parte de un canje de prisioneros entre Washington y Caracas, que a cambio liberó a 10 ciudadanos y residentes estadounidenses detenidos en Venezuela.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció el lunes una investigación contra el presidente Nayib Bukele y otros funcionarios de su gobierno, a quienes acusó de cometer crímenes de lesa humanidad.
Los migrantes aún no se reúnen con sus familiares. Desde su llegada realizados exámenes de salud, se les emitió una nueva cédula y son entrevistados por el Ministerio Público.
El fiscal general precisó que 80 funcionarios del Ministerio Público entrevistaron a los migrantes a su regreso al país.
Y presentó testimonios de algunos de los retornados que mostraban más tonos en todo el cuerpo y marcas de balas de goma. Uno tenía la boca rota, otro una cicatriz en el hombro.
Andry Hernández Romero, un maquillador y estilista de 32 años que terminó en el temido Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), dijo en un video mostrado por el gobierno que fue abusado sexualmente.
«Estuvimos allá pasando tortura, pasando agresiones físicas, agresiones psicológicas», señaló en el video. «Fui abusado sexualmente por parte de las mismas autoridades salvadoreñas». «Creímos que nunca íbamos a volver a ver a nuestros familiares».
El fiscal relató igualmente el «aislamiento en celdas inhumanas (…) sin contacto con la luz solar, sin ventilación» y «ataques sistemáticos de perdigones (balas de goma)».
Dijo que les daban comida podrida y agua no potable. No tuvieron nunca acceso a abogados o contacto con familiares.
La propia Venezuela, sin embargo, encara constantes denuncias sobre torturas a opositores políticos presos en el país, y por su rechazo a permitir que tengan un abogado privado.
El gobierno de Maduro encara una investigación por delitos de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional (CPI).
Estados Unidos acusó sin pruebas a los venezolanos deportados a El Salvador de pertenecer al Tren de Aragua, banda delictiva de origen venezolano que el presidente Donald Trump declaró «organización terrorista».