La lucha contra la corrupción fue una de las principales promesas de campaña del izquierdista partido político Libertad y Refundación (Libre) y de la primera mujer presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien aseguró en su discurso de toma de posesión que en 100 días iba a instalar a Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) para cercenar las redes de corrupción dejadas por su antecesor, el expresidente Juan Orlando Hernández.
Pero los registros públicos indican otra cosa: las redes de corrupción siguen operando en la actual administración de Castro sacudiendo no solo a su gobierno y el partido en el poder, sino que también al Poder Legislativo, una sucursal de trámite del Ejecutivo. Los primeros asomos se dieron a fines de 2022, pero se conocen hasta marzo de 2023. En ese ínterin, el gobierno de la presidenta Castro junto al Congreso Nacional celebraban la derogación de la Ley de Secretos, una herramienta legal bajo la cual la administración del expresidente Hernández se cobijó para operar sus actos de corrupción e impunidad.
La Ley de Secretos como promesa de campaña de Libre fue derogada, pero meses después reactivada bajo otras figuras, entre ellas un decreto ejecutivo, que declaraba como información reservada asuntos de interés público y declara que las compras directas, entre otros, serán “discretas”, es decir, no se publicarán en el portal de transparencia de Casa Presidencial, pero la información puede ser solicitada al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para que éste determine qué es público y qué debe ser secreto. Pero la práctica no fue así. La discrecionalidad y la reserva de información ha sido la norma en este gobierno, donde más de una veintena de instituciones han declarado bajo reserva información de interés público, entre ellas la Cancillería que prohibió difundir información como el diagnóstico que hizo una misión de la ONU para ver la posibilidad de instalar o no la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).
En octubre y noviembre de 2022, la Secretaría de Planificación Estratégica compró boletos aéreos para viajes a Cuba, Argentina y Chile. La información se conoció hasta en marzo de 2023 cuando la prensa informó que se gastaron 1.6 millones de lempiras en la compra de los pasajes en una ferretería, y no en una agencia de viajes. Un informe de la Secretaría de Transparencia, a cargo en ese entonces del ministro Edmundo Orellana, reveló que la compra de esos pasajes presentaba irregularidades que reñían con la transparencia y la Ley de Contratación del Estado.
El ministro de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, estalló en cólera por el informe, acusó de irresponsable a la Secretaría de Transparencia, que no se metiera donde no le correspondía porque no era potestad de esa dependencia investigar y presentar informes. Salgado justificó que se compraran boletos aéreos en una ferretería como parte de la democratización de las compras del Estado que estaba impulsando el gobierno de la refundación. El Tribunal Superior de Cuentas informó que había abierto una investigación de oficio al respecto, se desconocen sus resultados.
De los pasajes aéreos que fueron calificados por los funcionarios del gobierno como “pequeñeces”, en mayo de 2023, la Secretaría de Transparencia del ministro Orellana, presenta un nuevo informe ante denuncias en la prensa relacionadas con la adquisición de un contrato para el engramillado del estadio nacional de fútbol en la capital “Chelato Uclés”. El contrato estaba valorado en 32.4 millones de lempiras, en el que se implicaba a la Comisión Nacional de Deportes (Condepor). Se le conoció como “la grama de oro”. En su informe, la Secretaría de Transparencia revela también irregularidades y remite el caso al Tribunal Superior de Cuentas y a la Procuraduría General de la República, mientras el Ministerio Público anuncia que ha iniciado también una investigación, pero se desconocen los resultados.
El “familión” y el narco video de Zelaya
Esos “pequeños” hechos llevaron al ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, a tener las primeras divergencias en el gabinete de gobierno, y a impulsar una Estrategia Nacional de Transparencia y Anticorrupción, la cual socializó por todo el país con diversos sectores, la presentó para su aprobación al gabinete de gobierno, pero nunca entró en agenda. No fue ni ha sido aprobada, solo mencionada por el gobierno como hitos, pero nunca fue rubricada. El ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, dejó tiempo después el gobierno de la presidenta Castro.
Iniciando el 2024, en marzo, nuevamente la Secretaría de Planificación Estratégica es sacudida por otra denuncia de presuntas irregularidades en la compra sobrevalorada de tres boletos aéreos para igual número de asesores extranjeros del gobierno de Libre por un monto de 600 mil lempiras. El Tribunal Superior de Cuentas anuncia que igualmente abrió una investigación de oficio, se desconocen los resultados.
En abril del 2024, tras la denuncia en medios de prensa, la directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) interpone ante el Ministerio Público una denuncia por presunta corrupción ligada a planillas fantasmas en las cuales terceras personas cobraban salarios haciéndose pasar por médicos generales y especialistas en el Seguro Social en San Pedro Sula. Unas 22 personas, entre amas de casa y jornaleros, fueron acusadas por el MP por el caso conocido como “el planillazo” bajo el cual habrían erogado 1.8 millones al IHSS. La investigación ha quedado en los cuadros bajos e intermedios, pero la fiscalía no ha podido llegar a los autores intelectuales de ese desfalco.
Pero es en el mes de julio de 2024, que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), presenta un informe de nepotismo y concentración de poder en el cual mostró evidencias de que al menos 115 parientes de la presidenta Xiomara Castro están en cargos estatales, muchos de alto nivel. El CNA volvió a evidenciar lo que según sus pruebas es una práctica institucionalizada de nepotismo. A este grupo los hondureños le llaman el “familión”. El documento Concentración de Poder 2022-2026 abarca de mayo de 2023 a mayo de 2024. La denuncia del organismo anticorrupción sacudió al gobierno y al partido Libertad y Refundación. Las prácticas de nepotismo se irían registrando con el tiempo en otras dependencias: las secretarías de Salud, la Cancillería, Gobernación, Justicia y Descentralización, Sedesol, entre otras. Florecieron, a su vez, los nombres de funcionarios con doble o triple sombrero, alcaldes y otros burócratas que desde su lógica de “inclusión y participación ciudadana” ampliaban la figura del familión.
La directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, fue objeto de campañas sistemáticas de desprestigio gestadas desde el Poder Ejecutivo, entre ellas la presidenta Castro. Castellanos tuvo que salir unos meses fuera del país luego de que personas desconocidas vulneraran sus anillos de seguridad y tuvo que ser sacada de su vivienda de emergencia.
El caso de “El familión” ha marcado la actual administración, y la instalación de la CICIH se fue diluyendo en el tiempo, agonizando entre los discursos y promesas que un día llegará al país. La CICIH no se ha instalado y sigue siendo parte del discurso político de Libre pero sin la fuerza de antes, cada vez más diluida.
En el mes de septiembre, otro evento de corrupción ligado a la narcoactividad y el financiamiento ilícito de campañas golpea al primer anillo presidencial al difundirse un narco video en el cual el entonces secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, negociaba con capos de la droga fondos para la campaña de Libre en el 2013. Carlos Zelaya es el cuñado de la presidenta Castro y hermano del coordinador general de Libre, el expresidente y asesor presidencial, Manuel Zelaya Rosales.
La magnitud del escándalo—del cual no hay avances investigativos por las dificultades del periodo de tiempo según el Ministerio Público—golpeó fuertemente también a Libre, obligó a Carlos Zelaya a renunciar a su cargo como diputado en el Congreso, pero se mantiene activando en el partido, al ser visto en actos políticos proselitistas. Posteriormente, investigaciones de medios de prensa revelaron que Carlos Zelaya sigue cobrando salario en el Congreso Nacional, un hecho que la presidencia del legislativo ha negado.
En noviembre de 2024, otro escándalo de corrupción sacude la gestión en el poder del izquierdista partido Libre, ante un nuevo informe del CNA que denuncia corrupción en el Congreso Nacional por mal manejo de 314 millones de lempiras en subsidios, subvenciones y ayudas sociales. Trabajos periodísticos denunciaban la opacidad en el Congreso Nacional, la discrecionalidad en el uso de tarjetas de crédito sin rendir cuentas de la presidencia del Congreso Nacional y ser señalado como uno de los poderes del Estado más resistentes al acceso a la información pública, donde lo que divulga en sus portales es incompleto, difícil de comprender y poco abierto a la rendición de cuentas.
Las denuncias de corrupción y otros casos se mantuvieron iniciando el 2025, las denuncias sobre mal uso de las ayudas sociales con fines de campaña política a favor del partido en el poder para los comicios primarios del 9 de marzo florecieron antes, durante y posterior a las elecciones internas. En Libre el movimiento interno M-28 que arrasó en las internas fue uno de los más denunciados, diputados actuales que no se reeligen, denunciaron presuntos actos de corrupción gestados desde instituciones del oficialismo para dejar fuera a los otros movimientos en la contienda primaria. El M-28 lo lidera la familia presidencial.
Golpe al CN
En mayo de 2025, el CNA presenta un nuevo informe de réplica del familión, esta vez en la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, donde una red de ocho empresas, propiedad de familiares de exfuncionarios de la Secretaría de Gobernación de la actual Administración, recibió 13.7 millones de lempiras en contratos entre 2022 y 2024, pese a que, por esa relación de parentesco, la Ley de Contratación del Estado prohíbe que hagan negocio con el Estado. Los medios después difundieron que algunos de esos parentescos trabajan ahora en la Secretaría de Transparencia. Las autoridades del gobierno se han llamado al silencio.
“Es importante señalar que las empresas participantes eran propiedad de familiares de funcionarios de la SGJD, por lo que se intuye que el fin era simular el cumplimiento normativo, ya que, independientemente de quién ganara, se beneficiaba a su parentela”, señala el CNA.
El Consejo Nacional Anticorrupción ha registrado al menos unos 10 casos de corrupción en el actual gobierno en dependencias como Planificación Estratégica, Gobernación, Justicia y Descentralización y Salud, entre otras.
Siempre en mayo, la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) presentó otro informe que sacude al Congreso Nacional, al denunciar opacidad, irregularidades, falta de transparencia y practicas deficientes en la gestión de compras y contrataciones por el orden de 824 millones de lempiras sobre los cuales la gestión de Luís Redondo no da cuentas. El Congreso rechazó ese informe y acusó ser objeto de una campaña de desprestigio, pero no ha podido, a la fecha, desvirtuar las falencias señaladas en la investigación. La presidenta Castro se refirió al informe indicando que no sabían “investigar” y que su gobierno es transparente, que no hay corrupción y que quienes elaboraban esas “falsas noticias” lo hacían con la información que ellos publicaban y “le llaman investigaciones”, se mofó.
En mayo, el Instituto Nacional de Migración denuncia ante el Ministerio Público a un asesor del vicecanciller, Gerardo Torres, por sobornos de mil dólares para ingresar al país ciudadanos procedentes de la India. El denunciado es asesor en política exterior de Torres.