Tegucigalpa, Honduras – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) ha lanzado un llamado urgente al Poder Ejecutivo para que apruebe el decreto que establecería una Comisión de la Verdad en la conflictiva región del Bajo Aguán. El objetivo es claro: investigar las graves violaciones a los derechos humanos que han cobrado la vida de más de 200 personas desde 2010 en el marco de una prolongada disputa agraria.
Para el Conadeh, esta comisión representa una herramienta fundamental para esclarecer los crímenes, asegurar la reparación integral a las víctimas y contribuir a la regularización de la tenencia de la tierra en la zona.
Sin embargo, la institución ha expresado su preocupación por la lentitud del proceso. El decreto ejecutivo, que daría vida a esta comisión, fue remitido a la Presidencia de la República a mediados de 2024, y aún no ha sido firmado, lo que retrasa una iniciativa considerada vital para la región.
El Conadeh también ha señalado una contradicción preocupante por parte del Estado. Aunque en 2022 se firmó un convenio para la creación de una Comisión de la Verdad con enfoque en derechos humanos, el gobierno optó por establecer una Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra. Esta última, según el Conadeh, ha excluido a las víctimas y a organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, y ha priorizado acciones como los desalojos. Datos del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) revelan que entre junio de 2023 y julio de 2024, dicha comisión ordenó 36 desalojos, lo que, según el Conadeh, ha exacerbado aún más el conflicto.
La situación en el Bajo Aguán se ha vuelto crítica tras el reciente asesinato de tres líderes campesinos en menos de diez días: Ramón Rivas Baquedano (de la empresa La Aurora), su hijo Carlos Rivas, y Héctor Otoniel Hernández (de la empresa Gregorio Chávez).
El Conadeh ha condenado enérgicamente estos crímenes y ha exigido al Ministerio Público el inicio de investigaciones penales rigurosas para identificar y procesar a los responsables materiales e intelectuales. La institución advierte que la impunidad, el control territorial por parte de actores criminales y la ausencia de seguridad jurídica continúan alimentando un conflicto estructural que el Estado, a su juicio, no ha abordado con la seriedad que requiere.