A estas alturas del 2025, el panorama financiero del país vuelve a mostrar una preocupante tendencia: la baja ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado.
-Lo grave es que Salud apenas ejecutó el 27.2 % del presupuesto para compra de medicamentos, lo que se refleja en los hospitales donde la población no recibe las medicinas recetadas.
-La inversión productiva apenas tiene 22 % de ejecución en el primer semestre de 2025.
-Hay 21 instituciones que han logrado ejecutar más del 40% de su presupuesto, pero, existen otras con ejecución nula o extremadamente baja.
-Pago de sueldos, de deuda y transferencias es lo único que tiene mayor ejecución.
Según los datos oficiales publicados en los portales Honduras Inversiones y la plataforma de Inteligencia de Negocios de la Secretaría de Finanzas (BiSefin), a los 23 días de julio se ha ejecutado un 47% del presupuesto total.
Este bajo rendimiento, lejos de ser una novedad, confirma lo que ya se ha convertido en un patrón crónico dentro de la administración pública hondureña: la incapacidad para ejecutar lo que se aprueba en papel. Lo más alarmante es que esta deficiencia empieza a asumirse como “normal”, cuando en realidad está costando tiempo, oportunidades y bienestar a millones de hondureños.
De las instituciones centralizadas y descentralizadas, 72 han ejecutado menos del 40% de su presupuesto. Es decir, la mayoría del aparato estatal opera muy por debajo de su capacidad financiera. La causa principal, coinciden varios expertos, consultados por Proceso Digital, es la falta de planificación, sumada a una preocupante debilidad técnica y gerencial.
Sin planificación no hay ejecución
Para la doctora jefa del Departamento de Banca y Finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Nancy Ochoa, se trata de un problema estructural, que ha sido heredado de administración en administración. “Aunque no debe usarse como excusa, es importante reconocer que este problema es recurrente. Se trata de una situación estructural que afecta directamente la capacidad del Estado para cumplir con sus metas de desarrollo económico y social”, señaló.